Hay algo maligno en que una tecnología básicamente incompatible con la vida se presente como epítome del progreso, se imponga en todo tipo de ámbitos y despliegue antenas cada vez más próximas a hogares, escuelas y lugares de trabajo. Me refiero a nuevas radiaciones electromagnéticas como el 5G. En la naturaleza, por supuesto, siempre ha habido radiaciones electromagnéticas, pero nunca con estas frecuencias, modulaciones y combinaciones. Los avatares de las grandes compañías tecnológicas (incluido el buscador de Google) y sus “verificadores” afines le dirán, por supuesto, que no, que no pasa nada, que no se preocupe, consuma y calle. Lo mismo dijeron, falsamente, cuando convenía, en anteriores ocasiones.

Un llamamiento a la cordura firmado por 438 científicos y médicos (incluidos ochenta catedráticos) se ha presentado ya siete veces a la Unión Europea, obteniendo siempre respuestas evasivas o enlatadas. La principal entidad en que se basan los actuales límites legales de radiación, la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés) está constituida no por verdaderos expertos sino por personas vinculadas a la industria tecnológica, como concluye un informe de dos eurodiputados. Incluso un ex-directivo de Microsoft alerta de que no sabemos lo que estamos haciendo.

Es cierto que hay artículos científicos que no muestran ninguna correlación entre las nuevas radiaciones y el daño a la vida. Suelen estar subvencionados por quienes tienen intereses económicos en silenciar su toxicidad. Pero hay, aparte, una cuestión elemental. Si de 5 sondas que se enviasen a Marte, 3 no encontrasen agua y 2 sí la encontrasen, habría que concluir que hay agua en Marte, no que “la mayoría de estudios muestran que no hay…”. Si se encuentra una sola vez, existe, aunque otros no la vean. Así, por más que haya estudios que afirman que las nuevas radiaciones no tienen efectos tóxicos, basta que haya unos pocos estudios que sí lo prueban para que estemos obligados a tomar cartas en el asunto.

Un artículo en The Lancet alertaba en 2018 que la contaminación electromagnética en la franja alrededor de 1GHz se había multiplicado por un un trillón (10 elevado a 18) en las últimas décadas. Esa cifra se ha seguido disparando, en esa frecuencia y en otras. Y la evidencia sobre sus efectos tóxicos es abrumadora. Hay miles de artículos y numerosos metaanálisis publicados en revistas científicas que muestran efectos tóxicos de las nuevas radiaciones: estrés oxidativo en las células, daños en el ADN y en los espermatozoides, abortos espontáneos, daños en el corazón, la sangre y el sistema nervioso, daños en el cerebro, así como diversos tipos de cáncer, a lo que hay que añadir daños a todas las formas de vida, incluyendo árboles, pájaros, abejas y otros insectos y todo tipo de flora y fauna. Entre los investigadores españoles del tema destaca Alfonso Balmori. También destaca la labor de la asociación AVAATE, creada ante los casos de cáncer infantil (alguno tuvo un desenlace fatal) que surgieron en una escuela de Valladolid junto a la que se había instalado una antena.

Las supuestas pruebas de la inocuidad de las nuevas radiaciones incluyen esperpentos como el siguiente. Se coge la cabeza de un maniquí de plástico, se rellena con un líquido que se supone que representa el cerebro y se le pone un emisor de radiaciones como un teléfono móvil a unos centímetros de distancia (cuando lo más normal es tenerlo pegado a la oreja). Si ese líquido no se calienta mucho, se considera que las nuevas radiaciones son inofensivas. ¿Quién confunde un líquido industrial con el prodigio de arquitectura viva e inexplicable que es el cerebro humano? ¿Cuánto tiene esto de experimento científico, y cuánto de tomadura de pelo?

Uno de los argumentos de quienes no contemplan la evidencia es que no se ha demostrado (aunque hay muy buenas hipótesis) cuál es exactamente el mecanismo a través del cual las radiaciones dañan a las células. Es una cuestión capciosa, porque a día de hoy ni siquiera podemos explicar exactamente qué hace que una célula esté viva. Sería de psicópatas negar que existe la vida porque no sabemos explicar cómo surge y cómo se mantiene. También lo sería negar un asesinato porque no sabemos por qué caminos llegó el asesino, y lo es negar el daño producido por las radiaciones porque no conocemos ciertos detalles de su etiología.

En las sociedades civilizadas, la salud está por encima de las consideraciones económicas y hay leyes para proteger a las personas y su derecho a la intimidad. Pero ese derecho es violado cuando unas radiaciones indeseadas penetran en el domicilio. Ante ello, queda pedir que se cumplan las leyes y se respete la salud de los vecinos. Va sucediendo continuamente, en toda partes, por ejemplo hace poco en Galicia. En EE.UU. existe una organización dedicada a apoyar a los vecinos para detener el impacto del 5G.

Un artículo de tres reconocidos expertos en Reviews on Environmental Health concluye:

El rumbo actual de la UE se halla en conflicto directo con los fundamentos sobre los que se construyó la UE. Al mantener su apoyo al despliegue del 5G, el 6G y los “medidores inteligentes” (smart meters), la UE está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Tratado de la UE y la jurisprudencia de la UE, que coinciden en que: La protección de la salud y del medio ambiente prevalece sobre las consideraciones económicas.

Mucho más que cobertura, necesitamos cordura.

Sobre el autor

Jordi Pigem es Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Fue profesor del Masters in Holistic Science del Schumacher College (Inglaterra). Entre sus libros destaca una reciente trilogía sobre el mundo contemporáneo: Pandemia y posverdad (2021), Técnica y totalitarismo (2023) y Conciencia o colapso (2024). Desde 2025 es Fellow del Brownstone Institute y miembro fundador de Brownstone España.